Page 18 - Manual de buenas prácticas

• Durante el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia, realizado en 1980 en
la comunidad de Lomas de Ilarco del municipio de Coyaima, sur del departamento del
Tolima, se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

• En 1982 el Pueblo Arhuaco se tomó el Orfelinato Las Tres Avemarías de Nabusímake,
Cesar, que estaba bajo el control de la misión capuchina, y expulsó definitivamente a
los misioneros. Este hecho abrió la discusión sobre la educación católica e impulsó una
política etno-educativa en Colombia.

• En 1983 fue constituida la Confederación Indígena Tayrona, organización que
representó a los cuatro Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

• El Incora comenzó a sanear los resguardos indígenas y a atender nuevas solicitudes.
Además, se contrataron como guardabosques de las Áreas Protegidas a indígenas de
diferentes comunidades.
• En 1988, bajo la presidencia de Virgilio Barco Vargas, el Gobierno hizo entrega del
Predio Putumayo a los Pueblos Indígenas del Amazonas (6 millones de hectáreas),
como una manera de resarcir la pérdida de sus territorios y las múltiples violencias que
fueron ejercidas contra ellos. A partir de entonces se conformaron nuevos resguardos
en la Amazonía colombiana.
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• En 1989 se firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Este Convenio partió de la necesidad de adoptar
nuevas normas internacionales enfocadas en la autonomía de los Pueblos Indígenas y
Tribales en términos políticos, económicos y culturales. Además, buscó garantizar a
estos pueblos el acceso a los derechos humanos y libertades fundamentales.
Todos estos fueron antecedentes claves para que en la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991 se discutieran e incluyeran los derechos de los Pueblos Indígenas. Fue la
primera vez en la historia del Colombia que el Estado reconoció su diversidad étnica
y cultural, y creó un marco jurídico para la defensa y la protección de los derechos de
los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y Rom.

La Constitución Política de 1991 reconoció a los Pueblos Indígenas como sujetos
de derechos colectivos; reconoció también su derecho a la tierra comunitaria,
definida como Resguardo, y que constituye una figura inalienable, imprescriptible e
inembargable; reconoció la autonomía indígena, su derecho al gobierno propio y creó
la Jurisdicción Especial Indígena; les concedió el derecho a la consulta previa, que
obliga al Estado a consultar con las comunidades antes de aprobar políticas o acciones
que afecten la identidad, la cultura o los territorios indígenas.

En las últimas décadas, los Pueblos Indígenas han venido avanzando en la construcción
de planes de vida, de políticas que garanticen sus derechos, y en abogar por una relación