Solicitud de ACCIÓN URGENTE dentro de cada una de sus funciones a las siguientes entidades:
• Al Ejército Nacional que cese de manera inmediata las CAPTURAS ILEGALES E INCRIMINIACIONES SIN FUNDAMENTO, de la población civil del municipio de San Vicente del Caguán, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades en virtud de la operación Artemisa y de cualquier otra índole.
• Al Ministerio de Defensa para que se retracte de sus declaraciones y aclare que la autoridad indígena capturada, no ha cometido ninguna de las conductas punibles que asegura cometió como: secuestro extorsivo, financiación de la invasión de áreas especiales de importancia ecológica estratégica, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, denominándolo como “delincuente”, sin ni siquiera partir del respeto su presunción de inocencia.
• A la fiscalía general de la Nación para que investigue de manera objetiva las condiciones reales en las que ocurrió esta captura y verifique exhaustivamente cada una de las cuestiones fácticas a efectos de desacreditar las falsas acusaciones realizadas por el ministro de Defensa.
• Al Ministerio Público para que se dirija de manera inmediata al lugar de los hechos y garantice la protección efectiva de los derechos humanos y fundamentales del gobernador capturado en cada una de las diligencias judiciales que se adelanten en su contra.
• A la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus funciones legales, haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaronen este CAPTURA ILEGAL E INCRIMINACIONES SIN FUNDAMENTO, incluyendo al ministro de Defensa DIEGO MOLANO.
• A las Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de DDHH incluir los hechos relacionados en esta ACCIÓN URGENTE en los informes sobre la situación de DDHH y DIH en Colombia, así como emitir solicitudes a las instituciones de Estado que se investiguen los hechos que se narrarán a continuación, hallando a sus responsables.
• A la Agencia Nacional de Tierras, para que aclare estos hechos derivados de la presunta “financiación de la invasión de áreas especiales de importancia ecológica estratégica” como lo manifiesta el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta que se ha realizado por parte de ustedes comunicación con el Gobernador Indígena respecto a la protección ancestral de las tierras territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas y que se lleva bajo el expediente No. 202251003402300001E de la cual no se ha resuelto de fondo dicha pretensión de protección ancestral, lo que conlleva a deslegitimar todas las acusaciones realizadas por el ministro de Defensa derivadas de la operación Artemisa.
HECHOS
1.El día lunes 05 de abril de 2022 el Gobernador Indígena del Cabildo la Esperanza, el señor Reynaldo Quebrada Quilcue fue capturado (retenido ilegalmente) a las 8:00AM en el casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá por parte de la SIJIN, DIPOL, DICAQ y en colaboración de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de secuestro extorsivo, financiación de la invasión de áreas especiales de importancia ecológica estratégica, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.
2.El señor ministro de Defensa Diego Molano el día 05 de abril de 2022 a las 8:29 pm, mediante su cuenta de Twitter informó que la Fuerza Pública había “capturado” (retenido ilegalmente) a alias el “indio” o conocido como alias “el Rey” (Gobernador Reynaldo Quebrada Quilcue) en San Vicente del Caguán derivado de la operación artemisa.
3.Según la información dada por el ministro, aduce que el Gobernador Indígena, denominado “alias el indio” o “alias el Rey” como un delincuente, promocionaba la desforestación en el Parque Nacional Natural del Chiribiquete, además de eso lo acusa de haber cometido secuestros extorsivos y de porte de armas de fuego y municiones.
4.Sin embargo, la información dada por el funcionario no concuerda con la realidad y se contradice con información que en estos momentos ha empezado a surgir tanto de testimonios, como también de los procesos administrativos que se llevan ante la Agencia Nacional de Tierras frente a la solicitud de protección ancestral del territorio con Rad. 202251003402300001E el cual no ha finiquitado y no resultan ser coherentes con las acusaciones del ministro de Defensa. (Se adjunta documentación)
5.El Gobernador Indígena del Cabildo la Esperanza es REYNALDO QUEBRADA QUILCUE identificado con la C.C 17773333. Se adjunta al presente documento el acta de posesión No. 09 del 07 de febrero del 2022 mediante la cual el CabildoIndígena La Esperanza presentó al alcalde las autoridades designadas del presente año para ejercer cargos de su pueblo. Se observa el nombre de REYNALDO QUEBRADA QUILCUE identificado con la C.C. 17773333 como Gobernador Principal. (Se adjunta dicha documentación, con el acta de elección de la Asamblea del Cabildo)
6.De igual forma, bajo esta misma operación se denuncia que en meses pasados el Ejército Nacional ha vulnerado constantemente los derechos de los pueblos indígenas y el campesinado incinerando viviendas 1 dejando en desprotección a personas que no tienen nada que ver con este plan, niños, niñas y adolescentes afectados por la privación de una vivienda digna, y ahora, pretenden privar de uno de los bienes jurídicos más preciados que es la libertad a la luz de falsas incriminaciones realizadas por el Ministro de Defensa Nacional.
7.Se logra entrever que existe una persecución y un racismo estructural frente a la población indígena y campesina con las manifestaciones también del ministro como “Alias el Indio”. Estas poblaciones que han vivido una situación histórica de olvido y abandono estatal, de constantes vulneraciones de derechos humanos y que aún persiste y de la manera las burda y cruel reteniendo ilegalmente, asesinando e incriminando a personas inocentes por alimentar una cifra más de este conflicto inútil.
ANTECEDENTES
En Colombia el conflicto armado ha dejado millones de víctimas, siendo los Pueblos Indígenas uno de losgrupos más afectados por: homicidios, desplazamiento, violaciones, desapariciones, entre otros, representan el efecto de la violencia en nuestros territorios.
Grupos armados ilegales, colonos, “ganaderos” y “empresarios” han sido parte de los victimarios que hoy tienen sitiados nuestros territorios. Sin embargo, y con gran preocupación vemos como el Estado a través de la Fuerza Pública ha cometido miles de delitos en nuestra contra, en este caso, se ve con gran preocupación esta (captura ilegal) de un Gobernador Indígena que no portaba ningún tipo de armas, que se ha caracterizado como una persona importante en las labores para su comunidad y en donde se viene llevando un proceso con las instituciones del Estado, específicamente con la Agencia Nacional de Tierras para la protección ancestral de las tierras territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas y que se lleva bajo el expediente No. 202251003402300001E y que aún no se ha finiquitado. De manera que, el ministro se equivoca al decir que este se encuentra “financiando la invasión de áreas especiales de importancia ecológica estratégica” cuando este procedimiento no es una financiación, ni invasión, es una solicitud de protección ancestral de los pueblos indígenas que han perdurado miles de años y que este procedimiento se está llevando de manera legal a través de las mismas instituciones del Estado. Tampoco se explica, cómo estas acusaciones llegan a tal punto de considerar que el Gobernador Indígena ha realizado actos de secuestro extorsivo cuando no se evidencia ningún tipo de prueba frente a ello.
Pero además de las capturas ilegales e incriminaciones sin fundamento, de los afectados que ha dejado esta operación Artemisa, advertimos la gravedad de que una de las víctimas de Estado es un Gobernador en ejercicio de un Pueblo Indígena. Esto constituye no solo un daño en su persona y su familia sino un daño colectivo, pues al atentar contra una autoridad, toda la comunidad se ve afectada, se rompe el tejido social, se debilitan las estructuras sociales, se atenta contra la autonomía y el gobierno propio y en general, se pone en riesgo la pervivencia física y cultural de la comunidad.2
Solicitud
Desde la Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) solicitamos:
Por todo lo anteriormente relatado solicitamos:
1- Al Ejército Nacional que cese de manera inmediata la vulneración de derechos humanos en contra de nuestras autoridades indígenas en virtud de la operación artemisa y cualquier otro tipo de operaciones que realicen en los territorios.
2- Al ministro de Defensa DIEGO MOLANO para que se retracte de sus declaraciones y aclare que la persona a quien denomina como “delincuente”, “Alias el Indio”, “Alias el Rey” es una autoridad indígena debidamente reconocida – Gobernador Indígena del Cabildo la Esperanza (REYNALDO QUEBRADA QUILCUE) y que este no ha cometido ninguna conducta contraria a derecho como lo asegura el ministro sin ni siquiera tener en cuenta el principio de presunción de inocencia.
3- A la fiscalía general de la Nación para que investigue las condiciones reales en las que se presentó esta captura ilegal y cuáles fueron sus fundamentos.
4- Al CTI para que en su función de Policía Judicial garantice una investigación objetiva y garante del derecho. Que se proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración alguna por parte de la Fuerza Pública.
5- Al Ministerio Público para que se dirija de manera inmediata al lugar de los hechos y garantice el goce efectivo pleno de los derechos fundamentales y humanos de la Autoridad Indígena Reynaldo Quebrada Quilcue.
6- A la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus funciones legales, haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en esta operación donde se retiene ilegalmente a la autoridad indígena, incluyendo al ministro de Defensa DIEGO MOLANO.
7- Si se realizaren las audiencias preliminares, solicitar al Juez de Control de Garantías que revise cada una los fundamentos fácticos que dieron origen a dicha captura ilegal y proceda a dejar en libertad de manera inmediata al Gobernador Indígena.
8- A las Agencias Internacionales y organizaciones defensoras de DDHH incluir los hechos relacionados en esta ACCIÓN URGENTE en los informes sobre la situación de DDHH y DIH en Colombia, así como emitir solicitudes a las instituciones de Estado que se investiguen los hechos narrados previamente y se hallen a los responsables.
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