La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, en representación de los 64 pueblos indígenas, habitantes milenarios de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, con culturas vivas basadas en los conocimientos ancestrales y tradicionales, usos, prácticas y costumbres propios. Somos pueblos que pervivimos en armonía con la naturaleza, con los bosques naturales que regulan el clima del planeta y el recurso hídrico que es esencial para la vida de los colombianos y la humanidad. Desde nuestras malocas, los territorios tradicionales y de los mas grandes resguardos titulados a nombre de los pueblos indígenas, enviamos un mensaje de PAZ, UNIDAD y SOLIDARIDAD a todo el pueblo colombiano.
Como organización indígena nacional, expresamos nuestro rechazo con las actuaciones del Gobierno Nacional y nos unimos en la lucha ya que de manera irresponsable, consciente y sistemática ha puesto a la sociedad colombiana y en especial a los pueblos indígenas amazónicos en condiciones de vulnerabilidad, pobreza, desplazamientos, despojo y desarraigo, producto de un aumento generalizado de la violencia, inseguridad en los territorios y políticas públicas discriminatorias y excluyentes.
Desde la Amazonia Colombiana le recordamos al Gobierno Nacional, que los territorios Amazónicos son para la conservación y no para el extractivismo y la explotación irracional de los recursos naturales y la implementación de los monocultivos o ganadería extensiva. Los pueblos indígenas tenemos derecho a decidir y participar en la elaboración de las políticas públicas y normas que afectan a nuestros territorios y comunidades, sin embargo, el gobierno Duque, en forma antidemocrática, excluyente y racista gestiona y ejecuta recursos de cooperación internacional para protección de los Bosques y saca créditos con el Banco Mundial a nombre de los territorios y pueblos indígenas Amazónicos.
RECHAZAMOS
- El interés del Gobierno de Duque por reglamentar el Derecho Fundamental a la Consulta Previa, un acto que menoscaba el derecho fundamental a la participación efectiva de los pueblos indígenas de Colombia, para así incentivar la intervención de las multinacionales y el capital extranjero en territorios indígenas violando los Derechos Humanos que nos garantiza la vida física, espiritual y cultural.
- El Decreto 333 de 2021, mediante el cual el gobierno Duque, socava el estado social de derecho y los valores constitucionales fundamentales, cerrando la puerta para que los pueblos indígenas y comunidades campesinas, ubicados en las zonas más marginadas y periféricas, podamos hacer uso de la acción de tutela mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia.
- El Decreto 380 de 2021 “por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea” lo cual envenena el suelo, las aguas, el bosque y nuestros cultivos. Esa norma es contraria a la Sentencia SU-383 de 2003.
- Los CONPES 4021 “Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques” y CONPES 4023 “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia”. Por cuanto, se sigue disponiendo de los recursos presentes en nuestros territorios ancestrales en un sistema de economía de mercado, sin contar con la participación real y efectiva de los habitantes de la amazonia.
- El proyecto de ley 439 de 2021 Ley de Solidaridad Sostenible o “Reforma TRIBUTARIA” y cualquier otra de sus expresiones, por cuanto profundiza las condiciones de inequidad para la sociedad colombiana en su conjunto, y continuando con los beneficios para personas de altos ingresos como beneficiarios de exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales, es decir la clase media y mas pobres serian gravados con más impuestos.
- El proyecto de ley 010 de 2021 “Derecho fundamental a la Salud o Sostenibilidad del sistema de salud”, toda vez que resulta inoportuno e innecesario, en un momento crítico de pandemia SARs CoV2–COVID19. Además de no incluir los modelos propios de atención y la medicina tradicional indígena, no hay cambios que mejoren la prestación de los servicios de salud a la población en general, se siguen ahondando en la privatización de la salud.
- La política de no titular más tierras a los pueblos indígenas, toda vez que no se cuenta con las garantías reales para tener acceso a las tierras necesarias, por el contrario, en muchos territorios indígenas los cascos urbanos los están invadiendo y las reservas no se están titulando a favor de los pueblos indígenas.
- El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas armadas colombianas (Policía y ejército), en el marco de las movilizaciones de los últimos días, así como en los territorios indígenas contra nuestros líderes(as), hermanos(as) y compañeros indígenas. Rechazamos el artículo 170 de la ley 1801 de asistencia militar, para “controlar” la situación de orden publico en contextos urbanos antes las alteraciones de orden público de los últimos días. Recordamos que la protesta ha sido pacifica y que en todos los casos el dialogo y la concertación entre todos los actores es la mejor salida.
EXIGIMOS
- El cumplimiento de la sentencia de tutela 2020-159 del Juzgado 36 civil del Circuito de Bogotá, por el gobierno nacional y las entidades territoriales para atender a los pueblos indígenas de la región amazónica en el marco de la pandemia por el COVID-19. Los pueblos indígenas se han protegido y tratado con la medicina ancestral, de no ser así la tragedia habría sido mayúscula.
PROPONEMOS
Convocar de manera inmediata y urgente una mesa de diálogo nacional con todos los sectores, que permita el debate, la discusión y la construcción de estrategias, políticas, planes y programas para la superación de la crisis sistemática que atraviesa el país. Hacemos un llamado para que a partir de un dialogo incluyente, sincero y efectivo se puedan consolidar acciones reales y alcanzables con todos los sectores: indígenas, campesinos, estudiantes, empresarios, afrodescendientes y otros movimientos sociales.
Convocar una Mesa Regional Amazónica MRA ampliada para empezar un dialogo que permita la superación de la crisis humanitaria y ambiental, la seguridad y la garantía de los derechos humanos y el desarrollo propio basado en las soluciones basado en la naturaleza, los planes de vida indígenas y las autoridades propias.
- La construcción e implementación participativa de una Política Pública Integral Indígena que permita el pleno ejercicio y funcionamiento de los territorios, pueblos y autoridades indígenas y que incluya mecanismos efectivos, expeditos, comprensibles, eficaces, reales y sostenibles de protección colectiva, individual y territorial.
- Una estrategia de erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas, en concordancia con lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional, SU-383 de 2003.
- Construcción y priorización de una estrategia intercultural Pos Covid-19 que desde la comprensión de las desigualdades y asimetrías estructurales que han puesto en desventaja a la región amazónica, permita su fortalecimiento en aspectos propios como la salud, educación, soberanía alimentaria, economías indígenas.
- El reconocimiento, político y presupuestal de la institucionalidad indígena como condición indispensable para el goce y ejercicio pleno de los derechos a la autonomía, la libre determinación, la autodeterminación y la integridad territorial y cultural.
- Implementación del Decreto 632 de 2018, para el funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. Un proceso que refleja el atraso estructural de reconocimiento a los pueblos indígenas, falta de voluntad y saboteo institucional para el ejercicio real y material de los derechos.
- Cumplir el mandato constitucional para la implementación del acuerdo de PAZ, como una expresión de unión y reconciliación del país.
Convocamos a nuestras organizaciones de base a unirse en una sola VOZ, haciendo uso del derecho a la protesta social (art. 37 de la Constitución), haciendo uso de las dinámicas propias de movilización y medidas preventivas en el marco de la situación por la pandemia SARs CoV2- COVID-19.
Llamamos a la comunidad internacional, embajadas, la OEA, la ONU, organismos defensores de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo de Colombia para acompañar los diversos levantamientos en el territorio nacional en el marco de las movilizaciones del país, para que vigilen y garanticen la no vulneración de los derechos humanos de todos los manifestantes incluidos los pueblos indígenas.
“LOS PUEBLOS INDÍGENAS MANTIENEN LA VIDA DE LA AMAZONIA Y LA AMAZONIA SOSTIENE LA VIDA DE LA HUMANIDAD”
“Una misma causa, una misma lucha”
DESCARGA:
COMUNICADO_OPIAC_07_DE_MAYO.pdf
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