El objeto de la sesión que realizó la Corte constitucional, fue recopilar y analizar las preocupaciones de los diferentes representantes sobre el goce y restablecimiento de los derechos de la población indígena en desplazamiento forzado, y otros efectos generados por la pandemia, Asimismo recibir las propuestas para asegurar la oportuna y efectiva atención de las poblaciones por parte de los entes de Gobierno encargados.
En la sesión, que se realizó de manera virtual y fue transmitida en vivo en redes sociales, participaron representantes de varias organizaciones de los pueblos indígenas del país y comunidades étnicas, representantes de la Academia, la defensoría del Pueblo, representante de las Naciones Unidas para los refugiados.
Bogotá, 20 de octubre de 2020 Durante una agenda liderada por la Corte Constitucional de Colombia en su sala de desplazamiento realizó una sesión técnica e informativa sobre la garantía de los derechos de la población desplazada, el presidente de la OPIAC, Julio César López Jamioy hizo el llamado a la corte para que “se solicite al Gobierno Nacional, Congreso de la República y las autoridades regionales, Gobernadores y alcalde de la región amazónica, adoptar las medidas afirmativas de tipo administrativo, presupuestal y legislativo para dar prioridad para dar garantía al derecho a la vida, la salud y la integridad de nuestros pueblos, igualmente para que se haga un llamado a estos organismos para la adopción de medidas de protección que garanticen el derecho a la salud, integridad económica, social y cultural así como su participación activa en el diseño, implementación y evaluación de medidas para adoptar el Covid- 19”
La intervención de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas del Amazonía Colombiana, OPIAC, se concentró en dos temas fundamentales: la afectación de la región por cuenta del Covid – 19 y las acciones del Gobierno Nacional para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las acciones jurídicas adelantadas por la OPIAC para garantizar dicha protección de derechos.
En cuanto a la pandemia
“Las cifras aún en el Amazonas son muy generales y no reportan el impacto multidimensional que tuvo la pandemia, nuestros 64 pueblos indígenas enfrentan un verdadero desafío, no solo por las condiciones nutricionales y de abastecimiento de alimento, sino por la falta de infraestructura en materia de servicios de salud pública. De parte del Gobierno, no se ha mostrado voluntad sincera para enfrentar esta pandemia con la altura que exige la situación, por el contrario, los funcionarios y entidades relacionadas ratifican la ausencia de recursos y programas necesarios para la protección de la vida y la pervivencia de nuestros pueblos, los programas permanentes, como las guardias indígenas, que de manera local han hecho frente al tema lo han hecho con recursos precarios” aseguró el coordinador general de la OPIAC.
Mencionó casos de abusos contra personas de nuestros pueblos, como el caso de Lucy Vargas, quien lleva ocho meses privada de su libertad en Ecuador, y hasta el momento la Cancillería no ha tenido acciones concretas, la violación de niñas del pueblo Nukak en Guaviare y la muerte de al menos 782 abuelos, autoridades y líderes de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana.
“Ante la situación, lo pueblos indígenas el Amazonas colombiano exigimos provisión de instrumentos para fortalecer soberanía alimentaria mediante las chagras figura tradicional y sostenibles, de soberanía alimentaria y nutrición, propias de nuestros pueblos, plan social de recuperación económica, cultural y social, además de medidas sostenidas en el mediano y largo plazo” puntualizó.
Sobre las acciones jurídicas emprendidas por la OPIAC
En mayo, la OPIAC interpuso acción de tutela contra el presidente de la república, varios ministerios y entidades de nivel nacional y territorial, la cual se resolvió a favor de la Organización, de manera parcial, por el juez civil 36 de circuito de Bogotá mediante sentencia del 8 de junio del 2020 a favor de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana.
Dicha sentencia ordena al Ministerio del Interior, Ministerio de salud, Gobernadores y alcaldes de la región a elaborar de manera conjunta con las autoridades de los pueblos indígenas un plan provisional urgente de reacción y contingencia en los componentes atención humanitaria, salud, nutrición, soberanía alimentaria, pruebas, adecuación, expansión y dotación de hospitales, así como la contratación de personal médico para la región, programas de prevención en lenguas, adquisición de kits de bioseguridad, entre otras medidas.
El 18 de junio impugnamos la sentencia para hacerla obligatoria, ya que no hubo la inclusión de varias medidas adicionales como establecer protocolos para la disposición de cuerpos fallecidos por covid que atiendan las prácticas tradicionales, el transporte prioritario para pacientes críticos, acciones de cooperación internacional, entre otras, el 2 de agosto el tribunal superior del judicial ratificó el plan pero no se pronunció sobre nuestro recurso jurídico que apunta a la integridad y a la protección de la diversidad étnica.
Finalmente, el representante de la Organización hizo énfasis en la necesidad de atender debidamente por parte de las entidades involucradas todo lo relacionado con la orden proferida el 8 de junio y luego reafirmada en agosto, a favor de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana.
