Durante el Foro “Retos para el desarrollo del sector de hidrocarburos en la Amazonía”, la OPIAC instó al gobierno a replantear su estrategia y concepción ambiental sobre Amazonía y, a cumplir los parámetros de transparencia y aplicabilidad de la normatividad en materia de consulta previa.

La Estrategia Visión Amazonía, con la cual el gobierno busca formular una política nacional y, que hoy muestra como su programa bandera ambiental, suscita también inquietudes y cuestionamientos por parte de sectores ambientalistas y especialmente de los pueblos indígenas de la región, que aún no han sido consultados, a pesar que la “Estrategia” lleva dos años de formulación y además, el año 2015, entra en fase de implementación con la aprobación de los primeros convenios de cooperación, como el proyecto REM financiado por la cooperación de Alemania y Noruega, por citar un ejemplo.

Durante el Foro, realizado en Bogotá el 23 y 24 de octubre, se expusieron diversas posiciones y experiencias ante las diferentes instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la cual organizo el evento, a su vez convocado por instituciones como el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, Minambiente; la Unidad de Parques Nacionales Naturales y; entidades como el Departamento del Interior de los Estados Unidos; la USAID; ICAA y; Equitable Origin.

Al Foro fue invitada nuestra Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombina, OPIAC, que contó con participación de los dirigentes Julio Cesar Estrada y Herman Mendoza así como un delegado del equipo de comunicaciones; también participo por parte de comunidades del Pueblo Wayuu de la Guajira el dirigente Armando Valvuena, quien expuso una (quizá de las muy pocas que ha habido) experiencias positivas en materia de Consulta Previa por parte de la empresa Repsol, que ha cumplido las compensaciones culturales, espirituales y económicas para operar en territorio wayuu del desierto guajiro.

En su primer saludo el dirigente de la OPIAC, Julio Cesar Estrada, manifestó que a la Amazonía no se le puede ver solo como despensa de recursos, riquezas y servicios, sino como un amplísimo acervo de culturas y conocimientos tradicionales del cual hacen parte también los seres humanos que la han preservado como son los pueblos indígenas.

Indicó que la Amazonía se le debe proteger en su integralidad de seres, haciendo especial énfasis en sus valores culturales, espirituales y ecológicos. Además invitó al gobierno a construir y a mantener niveles armónicos y permanentes de comunicación y coordinación que generen escenarios de mutuo entendimiento y de óptimas relaciones con los pobladores.

Estrategia Visión Amazonía 2020
Durante el acto de instalación del Foro el viceministro de Minambiente, Pablo Vieira, explicó que la Estrategia Visión Amazonía lleva dos años de construcción y que entre otros fines, busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible para la región Amazonía colombiana que sea compatible con su clima, su ambiente y sus bosques, teniendo en cuenta los múltiples servicios que presta al ambiente como su banco ecosistémico de recursos; la humedad, fundamental para los cultivos del resto del continente; la capacidad de recepción de Co2 -Amazonía es el sumidero de carbono más grande del mundo-, lo cual a su vez la convierte en una zona muy frágil, pues sobre sus territorios se ciernen amenazas graves como la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva (la región es de vocación forestal y no agropecuaria), la minería y la explotación y, la deforestación, cuyo auge ha sido evidente en departamentos como el Caquetá, Putumayo, Guaviare y Meta, a lo cual se suman otros factores de riesgo como los cultivos ilícitos y el conflicto armado. 

Viera agrego que por estas razones el Proyecto Visión Amazonía busca intervenir especialmente zonas de alto riego, a través de proyectos productivos que sean modelo de desarrollo compatibles con las riquezas de la Amazonía y que permita la conservación de los bosques. Los principales ejes de Visión Amazonía están enfocados a fortalecer la gobernanza local y su capacidad institucional; promover actividades productivas compatibles con el ambiente; promover la participación de las comunidades indígenas y; crear condiciones de seguimiento y estándares de cumplimiento. 

También anunció las metas específicas de esta cartera para 2020 (en cumplimento de los acuerdos y compromisos del Estado colombiano en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) de reducir a cero la deforestación para la Amazonía, para lo cual en el marco de la Estrategia Visión Amazonía cuenta con apoyo internacional de cooperación financiera, a través de proyectos específicos como el REM, apoyado por los países de Alemania y de Noruega, entre otros, los cuales se firmarían en enero de 2015.

Por último señaló como principal reto convertir esta iniciativa en política pública ambiental. Pero también dejo claro que en Visión Amazonía si tienen cabida las actividades extractivas de recursos, como las actividades industriales petroleras, si estas son compatibles al clima y al ambiente y, que no generen deforestación ni degradación ambiental.

Retos sociales y culturales en los proyectos hidrocarburiferos


Dentro de este punto, María Victoria Reyes de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía, indicó que el principal reto social y ambiental para poder dar cabida a la actividad extractiva de petróleo es la protección de la biodiversidad y; controlar la actividad extractiva para que no se desarrolle en Zonas de Reserva Forestal, estipuladas según ordenamiento  normativo colombiano (Ley segunda de 1959, que delimita las zonas de reserva forestal) y otras zonas que se deben blindar y que están sujetas a la consulta previa como los resguardos indígenas y otros territorios colectivos de comunidades étnicas. Indicó, además, que desde Minminas se busca asegurar un uso sostenible del recurso hídrico en operaciones del sector hidrocarburos; desarrollar las actividades sin disminuir la oferta de servicios Ecosistémicos; promover procesos competitivos y sostenibles y; prevenir y controlar la degradación ambiental. 

En el mismo sentido Patricia Londoño, coordinadora de Seguridad Comunidades y Ambiente de la ANH; sostuvo en su intervención que uno de los grandes retos es el reconocimiento y acercamiento mutuo entre los distintos actores y establecer niveles de diálogo. Reiteró el propósito es avanzar en que la inversión social sea una inversión coherente, que aporte a la calidad de vida de las personas, que se mantenga en el tiempo y aporte a la construcción de un mejor país. No obstante reconoció que en muchas zonas, hay una frustración histórica por muchos años de ausencia institucional del Estado, no hay mínimos niveles de calidad de vida para sus pobladores y, por ende la garantía de derechos de las comunidades ha sido el parangón oscuro de los gobiernos. En este marco Londoño hizo un llamado a la empresa privada del sector de hidrocarburos a contribuir con generosidad para cerrar la brecha de desigualdad que por largos años ha sido irresoluta.

No obstante todos los participantes, discreparon en que la empresa si bien puede contribuir a cerrar la brecha, el gobierno no puede endosar su responsabilidad constitucional de garantizar los derechos a las comunidades en zonas marginales a las empresas extractivas, las cuales tienen que cumplir sus obligaciones normativas y ambientales, pero no están obligadas a resolver el problema estructural de abandono institucional a su pueblo por parte del gobierno.  

Otro gran reto que el Estado debe asumir con compromiso y la responsabilidad que le amerita, es el tema de garantizar la Consulta Previa para pueblos indígenas y grupos étnicos entes de desarrollar actividades extractivas en sus territorios. Así lo expusieron dirigentes indígenas y otros asistentes al Foro como Julio Cesar Estrada, representante OPIAC, quien recordó que el Derecho Internacional y la distinta jurisprudencia generada por la Corte Constitucional en Colombia estipulan la Consulta como derecho fundamental de los pueblos indígenas, traducido en participación de las comunidades en los asuntos que les incumben o afectan directamente a sus territorios y culturas.

Estrada reitero que se deben mejorar, por parte del Gobierno, los procedimientos que han llevado a que varios pueblos hoy no quieran la consulta y que se debe aplicar el principio de buena fe y, entre otros aspectos que priman en la Consulta esta debe ser previa, como su nombre lo indica y, no como ha sucedido muchas veces que llega el proyectó al territorio y ahí si se hace la consulta. Por último indicó, que el responsable de hacer la consulta no es la empresa, sino el gobierno con recursos del Estado para que no haya cooptación, toda vez que la empresa apoya al funcionario. También exigió al gobierno cumplir la vigilancia de los acuerdos y combatir la corrupción, especialmente revisar el tema de recursos de regalías e impuestos que no llegan a las comunidades.

Durante el Foro también se expusieron experiencias positivas como el caso de Repsol en la Guajira que logró generar un buen nivel de entendimiento con las comunidades y cumplir a cabalidad tanto el procedimiento de consulta como los acuerdos pactados en ella. Al respecto, Misael Murcia, quien es Coordinador de Relaciones con Comunidades de la empresa, manifestó que el éxito radicó por un lado en generar confianza con las comunidades y sus autoridades a través del reconcomiendo y el respeto absoluto a sus derechos, a sus culturas y a sus formas de vida y; por otro lado cumplir las obligaciones pactadas de compensación cultural, espiritual, ambiental y económica. Repsol además de cumplir la ley y cumplirle a las comunidades, cumple también los estándares internacionales de certificación ambiental, algunos de ellos entregados por Equitable Origin.  

Finalmente el dirigente Armando Valvuena, representante del pueblo Wayuu, reitero que “Nuestros diálogos son de alta prevención por la experiencia que hemos tenido con el Estado y las empresas, pero siempre estamos abiertos al diálogo. Por ello y recogiendo la experiencia de Repsol, la cual valoró, los proyectos deben hacerse en el marco del buen relacionamiento, la buena comunicación y coordinación con los pueblos indígenas, pues las actitudes despectivas de los funcionarios públicos son degradables, por ello el primer paso es cumplir la ley, luego construir acuerdos de respeto y  confianza mutuos. Valvuena insistió en que haya equidad en las condiciones de participación de las comunidades, quienes están en condiciones técnicas inferiores frente al “séquito” de expertos y asesores que acompañan a las empresas en las consultas.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC es una institución de derecho público de carácter especial indígena sin animo de lucro la cual ejerce una representación política de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana ante instituciones de orden Nacional e Internacional; su objetivo principal es velar para que todos los derechos colectivos e individuales de sus afiliados sean respetados y reconocidos por todos los actores en Colombiana.