Foto: Autoridades de las 5 organizaciones indígenas de Colombia

 

La reglamentación de la Consulta Previa no va a resolver los problemas estructurales del país, pero sí acelera el genocidio premeditado

- Posición conjunta de la Mesa Permanente de Concertación – MPC, en rueda de prensa próximo lunes 27 de Febrero a las 9:30 a.m. en la sede de la ONIC – Bogotá ( Calle 12B No. 4-38).

- El proyecto de Ley de Reglamentación de la Consulta Previa, acelera el exterminio y la extinción física y cultural de nuestros pueblos. Es un genocidio premeditado.

- La agenda indígena no está contemplada en la agenda del Gobierno Nacional, por ello no se “acercó” no nos escuchó en el Foro Internacional.

Dado que el objetivo de la consulta es alcanzar el Consentimiento o No Consentimiento Previo, en el relacionamiento diferenciado entre el gobierno indígena y el gobierno nacional, por tanto, se requiere voluntad política por parte del Gobierno presidido por el señor Juan Manuel Santos, para avanzar en la Institucionalidad multicultural, en la Justicia Redistributiva y en la Interculturalidad, y no en la homogenización y atomización de los pueblos y sus organizaciones propias.

Por ello, la propuesta de proyecto de Ley para reglamentar la Consulta Previa Libre ni siquiera le sirve al sector económico, y menos a la agenda de paz de este país. Así lo puntualizó Patricia Tobón Yagarí, Embera Chamí, abogada y experta en asuntos territoriales y de consulta previa, al cierre del panel sobre antecedentes e impactos nacionales e internacionales sobre reglamentación de la Consulta Previa en el marco del Foro Internacional ´El Derecho fundamental de los Pueblos Indígenas de Colombia a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado´, espacio en el cual se dieron cita gran parte de los 106 Pueblos Indígenas del país, y hermanos de otras nacionalidades.

En el tercer día, se situó importante acumulado de argumentos en relación al contexto de la consulta desde que esta se implementa por primera vez en el país hasta el día de hoy; se desarrolló un análisis a profundidad del contenido del Proyecto de Ley elaborado por el Gobierno Nacional para la reglamentación de la Consulta y los impactos ambientales, territoriales, sociales y culturales en los Pueblos Indígenas por la explotación de los recursos naturales.

Ante estas tres temáticas, queda en el contexto del Foro que se ha dado un marcado avance jurisprudencial en la profundización de los derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales matizan que las decisiones de los pueblos deben ser vinculantes y que se debe ejercer el Consentimiento Libre e Informado.

En contraste al marco jurídico nacional e internacional sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, se identifica que el proyecto de Ley para la reglamentación de La Consulta, tiene un claro objetivo de regresividad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia. 

Para terminar la jornada se presentó, a través de investigaciones científicas, los impactos a los derechos fundamentales por la explotación de sus recursos, impactos que dejan en claro, el riesgo de pervivencia física y cultural de los pueblos, así como de toda la humanidad.

Otras voces:

Desde la academia, Luis Jorge Garay, Ingeniero Industrial e Investigador Social, situó que “los Pueblos Indígenas en ejercicio de su autodeterminación definen el uso de sus territorios y la libertad de dar consentimiento o no, de planes, proyectos o actividades que pongan en riesgo a las comunidades y los territorios”.

Mientras que, a título personal y profesional, Andree Viana, precisó “El proyecto es inconstitucional e inviable”. 

Termina reduciéndolo, cambia su naturaleza, su objeto para desmantelar el derecho territorial. El proyecto de ley cambia lo avanzado y se devuelve a los 80's, donde se daba una simple participación, borrando los mandatos y derechos indígenas. El derecho se traduce meramente a intereses, lo que induce a atomizar y homogenizar a los pueblos y sus organizaciones; violando la integralidad al tratar de desarticular el derecho a la territorialidad indígena”.

Es decir “se instrumentaliza el Derecho a la Territorialidad Indígena (El principio de proporcionalidad, una aplicación ponderada de derechos), la cual se desmantela convirtiéndolo en una circunscripción física: para las consultas previas de las normas se requiere certificación de las comunidades afectadas. Y a la vez usa una figura, el concepto de afectación directa y específica, para que sean consultables. SE HOMOGENIZA A PUEBLOS CAMPESINO, AFROS E INDÍGENAS, y con ello se viola el principio de Nacionalidad, y su relacionamiento especial al territorio, a los saberes propios de cada comunidad.

Concluyó que “El proyecto es una talanquera a los avances logrados hasta ahora, es regresivo en derechos, se remite a los años 80´s, además que rompe con el tejido social de los Pueblos”.

A la vez, Julio Fierro Morales, Geólogo de la Universidad Nacional, reiteró “El gobierno se basa en licencias ambientales, pero no se tiene en cuenta los daños ambientales, y aún más en el uso de mercurio que se queda en los seres vivos, deteriorando gravemente las vidas. Desde el 2014 la institución nacional encargada de los títulos mineros NO debe haber entregado, ni estar entregando títulos, pero se debe verificar que realmente se esté respetando”.

Así mismo precisó que “No hay división posible entre suelo y subsuelo, pero no se respeta esa realidad para prevenir las licencias de extracción, y otorgar licencia ambiental; por ejemplo la empresa Cerrejón es la que más respeta las normas colombianas, y sin embargo, la afectación en el aire, según la autoridad mundial de la salud, sobrepasa los límites, ya que el agua es afectada por metales y arsénico que se encuentran guardados por la madre naturaleza en el subsuelo pero que con la minería se sacan y dejan en el aire, deteriorando la calidad de este y del agua.

 

Datos importantes:

En los últimos cinco años se han realizado 5 mil 556 consultas, 123 sentencias ( 59 legislativas y 64 administrativas), pese a ello Colombia es el segundo país con mayores conflictos ambientales del mundo.

Conclusiones conjuntas, por los y las panelistas nacionales e internacionales “lo planteado por el Gobierno Nacional en la propuesta de Ley Estatuaria radicada, es una afrenta sin precedentes que viola de manera directa el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia nacional e internacional, y los derechos fundamentales y colectivos de los Pueblos Indígenas y demás grupos étnicos del país”.

Al final, este sentir se tejió con cinco dobleces con fibras de los 106 pueblos Indígenas del país, plasmado en comunicado conjunto de las cinco organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, cuyo posicionamiento se dará a conocer el próximo lunes 27 de Febrero en rueda de prensa, en el auditorio 'Kimy Pernía Domicó' de la ONIC (Sede Bogotá , calle 12 No. 4-38).

¡Consultamos para la Vida, no para la muerte!

¡Por la tierra, el agua y la vida, los Pueblos Indígenas Caminan!

 

 Fuente: Consejo Regional Indigena del Cauca - CRIC

La reglamentación de la Consulta Previa no va a resolver los problemas estructurales del país, pero sí acelera el genocidio premeditado

 

 

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC es una institución de derecho público de carácter especial indígena sin animo de lucro la cual ejerce una representación política de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana ante instituciones de orden Nacional e Internacional; su objetivo principal es velar para que todos los derechos colectivos e individuales de sus afiliados sean respetados y reconocidos por todos los actores en Colombiana.