La consulta previa debe empoderar las comunidades al ejercicio de su gobierno propio

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En la Primera Jornada del Foro Internacional Consulta Previa, Territorio y Paz.

Durante la apertura del Foro que se desarrolla en Bogotá los dias 12,13 y 14 de diciembre, organizado y convocado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, y Ecopetrol S.A.. Se planteó  el propósito de un  espacio para  establecer un diálogo de saberes, para exponer el  entendimiento intercultural entre las partes involucradas en la Consulta Previa. También se reiteró la importancia de la aplicación de estándares internacionales y el buen desarrollo de la Consulta previa para lograr en la práctica, el consentimiento previo libre e informado que garantice los derechos, el territorio y la integridad cultural de las comunidades.

 

La apertura del Foro contó con la armonización ritual por parte del Cacique Amazónico, Hitoma Safiama, quien invitó a desarrollar el evento con buen pensamiento y así generar propuestas o medidas para defender la Madre Naturaleza, esa Casa Grande, una misión que dejaron los Padres Creadores a los pueblos indígenas amazónicos. Explicó que un buen pensamiento se logra desde las plantas de vida: el tabaco y la coca, instituidas desde el origen para endulzar la palabra humana y que haya, así, un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. En el mismo sentido Reinel Ortega del Vaupés (organización ACAIPI), indicó que la consulta debe ser desde la cosmovisión indígena, es un principio cultural que está orientado a pedir orientación tanto en lo cotidiano como en la toma de decisiones trascendentales en la vida, en la cultura y en la proyección de cada pueblo indígena en la selva.

En el Foro Internacional Consulta Previa, Territorio y Paz participan los pueblos indígenas, las instituciones del gobierno, los sectores académicos y las empresas del sector de hidrocarburos, reunidos para identificar y evaluar tanto los aciertos, errores y las dificultades de las consultas previas hechas hasta el momento, como lo planteó Juanita de la Hoz, Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol, quien invitó a poner en la mesa esos aciertos y errores que se han cometido desde las empresas públicas como Ecopetrol para poder hallar los posibles puntos de encuentro, y así mismo ponderar la corresponsabilidad de cada una de las partes en los procesos y en los errores cometidos. Asimismo, enumero los distintos roles que el Estado debe asumir como garante en la medida que debe armonizar, “con posición firme” los intereses de las partes que permitan garantizar la protección de derechos, cuando estos sean propensos de afectación o vulneración.

En este sentido Harold Rincón Ipuchima, Secretario general de la OPIAC, reseñó la preparación de este Foro, durante más de un año en torno a un tema complejo como la Consulta previa, y toda la discordia y desconfianza que la realización de la misma ha generado en las comunidades indígenas, lo cual llevó a posibilitar esta alianza con Ecopetrol para realizar este evento orientado hacia el  diálogo de saberes y a buscar en la medida de lo posible un entendimiento intercultural que conlleve a replantear la forma en que hasta ahora se ha hecho la consulta en las comunidades; pero que no han sido objeto de la garantía y protección de sus derechos, es decir que no se ha dado el consentimiento previo libre e informado, sobre todo que la consulta previa esté en armonía con los Planes de Vida y los intereses de los pueblos indígenas.

También se proyecta que con el Foro se puedan generar propuestas de políticas públicas y estrategias, para el uso efectivo de este derecho que ampara y cobija a los pueblos indígenas en el marco del derecho consuetudinario, el derecho mayor o Ley de origen, así como en el marco de la normatividad y el pluralismo jurídico del país y el derecho internacional como es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (de 2007).

La consulta previa como mecanismo jurídico vinculante fue adoptada en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, fruto de la expedición del Convenio 169 de la OIT, que establece entre otras obligaciones por parte de los Estados miembros de la OIT; garantizar la consulta previa como acción coordinada y sistemática entre las partes, orientada a proteger los derechos de los pueblos implicados en materia normativa o respecto a proyectos que se desarrollen en sus territorios, y garantizar así el respeto a su integridad étnica y cultural. En Colombia como en otros países se han realizado diversos procesos de consulta previa y se han producido distintas normas, algunas de ellas han generado afectaciones e impactos negativos para los la cultura y los territorios de los pueblos indígenas, lo que a su vez ha  repercutido en varias sentencias judiciales (de altos tribunales como la Corte Constitucional), mayoría de ellas amparan los derechos de los pueblos indígenas al respecto.

En este sentido el Dr. Guillermo Fernández Maldonado, representante Adjunto del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, señaló que el Convenio 169 de la OIT al tener rango de Tratado prevalece sobre cualquier ley, y que en Colombia el país donde más consultas previas se realizan, se debe aplicar de acuerdo al bloque constitucional que lo adoptó mediante Ley 21 de 1991. Así mismo planteó varias preguntas respecto a cómo promover el desarrollo y como esta promoción no afecte los derechos de las comunidades y cuál es el rol que debe asumir el Estado en este propósito para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Por otra parte Isabel Cristina Ampudia, gerente de operaciones regionales del entorno de Ecopetrol, reiteró la importancia de realizar este Foro, que se enmarca en la coyuntura de transición hacia la paz, luego de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC-EP,  la agenda de negociación con el ELN, y que la construcción de paz se proyecta desde un enfoque territorial, lo que en la práctica implica el reconocimiento a las dinámicas y autonomías locales y étnicas para el caso de los pueblos indígenas.

De otra parte Miller Hotmiga, magistrado indígena (del pueblo yanacona) electo a la Justicia Especial para la Paz, JEP, señaló que en la consulta previa los pueblos indígenas no serán “invitados de piedra” sino actores que decidan sobre su pervivencia cultural para lograr el consentimiento previo libre e informado. La intervención del magistrado se centró en mostrar que hasta hoy la consulta previa se ha convertido en un procedimiento formal para legalizar una norma, un proyecto u obra que afecte a los pueblos indígenas o a sus territorios, y no está enfocada a la materialización de un derecho como debe ser; la consulta no conlleva al consentimiento previo, libre e informado, por ende, señaló, al no surtir el consentimiento afecta a la autonomía, los territorios y la vida de las comunidades indígenas, las cuales en estas condiciones, pierden su capacidad de decidir sobre su presente y futuro.

El magistrado también recordó las obligaciones del Gobierno en materia de consulta previa por un lado respetar o no interferir en el libre ejercicio de los derechos, de otra parte proteger y prevenir que otros interfieran en el libre ejercicio de los derechos de los pueblos, para garantizar o adoptar medidas apropiadas hacia el pleno ejercicio de derechos; por ultimo hizo las siguientes recomendaciones:

  • El proceso de consulta previa se debe orientar hacia el fortalecimiento de la estructura político organizativo de la comunidad
  • La consulta previa se debe asumir como un derecho complejo que salvaguarda los derechos sustantivos de los pueblos indígenas que lleva inmerso el principio del consentimiento previo libre e informado.
  • Los pueblos y comunidades indígenas deben conformar sus propios equipos asesores para la consulta previa, orientada al consentimiento previo, libre e informado.
  • La participación de los pueblos y comunidades en el proceso de consulta previa debe ser oportuno, idóneo y decisorio, por tanto los pueblos indígenas deben actuar como sujetos colectivos y bajo la dirección de sus gobiernos propios.
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