La conquista histórica de los indígenas de la Amazonia

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Helena Calle/Infoamazonia

Por fin, los gobiernos indígenas de 18 millones de hectáreas de la Amazonia podrán manejar el dinero de las transferencias sin intermediarios. La espera duró 27 años.

En 1988, un sudoroso presidente Virgilio Barco, vestido con traje de paño, se paró frente a cientos de indígenas descamisados en medio del sopor de La Chorrera, en Amazonas. Desde una tarima que solía ser un colegio de la Casa Arana, la empresa peruana de caucho que exterminó a 80.000 indígenas entre el siglo XIX y el XX, pronunció en perfecto uitoto: “Estas tierras son suyas”. Así les entregaba a los pueblos indígenas de la Amazonia el control sobre 5.500 hectáreas. Reconocía que lo que hoy se conoce como Predio Putumayo era un territorio milenario: inalienable, imprescriptible, inembargable.

Según recuerda Luis Alberto Friagama, indígena uitoto del resguardo Puerto Zábalo Los Monos (entre Caquetá y Putumayo), cuando volvió a su maloca a contar las buenas noticias, la pregunta de las autoridades tradicionales fue: “¿Y ahora qué? ¿Cómo manejar todo lo nuestro?”.

30 años y 20.5 millones de hectáreas de resguardos indígenas después, esta pregunta parece tener una respuesta. En Leticia, la Presidencia, los ministerios del Interior, de Hacienda y de Agricultura, el DANE y el DNP reconocieron los gobiernos propios de 36 resguardos indígenas que ocupan 26 millones de hectáreas de territorio prácticamente intacto y que estaban en un limbo jurídico de ordenamiento territorial que les impedía, en efecto, gobernar lo que es suyo por ley (de origen y nacional). “Esto es lo más importante que ha pasado para los indígenas amazónicos en 30 años”, dice Martin von Hildebrand, fundador de Gaia Amazonas .

El documento, que está prácticamente listo desde hace ocho años, pero que ha pasado de ministerio en ministerio, resuelve temporalmente el problema de las áreas no municipalizadas. Estos territorios sólo existen en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés y se conocen como corregimientos departamentales.

Para desenredar esta pita jurídica hay que remontarse a tiempos coloniales. Según cuenta Von Hildebrand, estas áreas eran antiguos corregimientos comisariales.

Con la Constitución de 1991, que reconoce a Colombia como una nación multiétnica y pluricultural, esto se acabó. Se reconocieron departamentos, municipios y territorios indígenas, y autoridades como gobernadores y alcaldes, pero estas 18’186.058 hectáreas de áreas no municipalizadas quedaron en el limbo. Todas bajo la figura de territorio indígena. Esto significa que el 37,6 % de la Amazonia colombiana no tenía un gobierno, o por lo menos no uno reconocido formalmente. Así durante 27 años hasta hoy, cuando el Gobierno Nacional reconoce el gobierno indígena de esos territorios.

Según Juan Carlos Preciado, asesor legal de Gaia Amazonas, la Corte Constitucional le dio al Congreso en 2002 un plazo de ocho años para legislar sobre el destino de esta inmensa porción del país, y mientras eso se resolvía, el Gobierno Nacional era quien administraba esos territorios. Hubo tropiezos, exactamente 22, para poder sacar una ley que formalizara estos gobiernos. ¿Por qué? Porque hay 36 resguardos indígenas que no pueden ser convertidos de la noche a la mañana en municipios, que sería la forma más obvia de gobierno local, ni pasar a manos no indígenas. En 2008, el Congreso hizo la tarea y determinó que los corregimientos departamentales dejarían de existir, pero la Presidencia objetó y el proyecto para elegir la clase de gobierno local que representaría al 77 % del Amazonas, el 93 % de Vaupés y el 47 % de Guainía, se quedó dormido durante 10 años.

“Estos Son territorios muy extensos y con muy poca gente, literalmente excluidos del país por tener formas de gobierno indígenas que no están reglamentadasSi no hay un reconocimiento pleno de esas formas de gobierno, es difícil que el Estado se materialice”, opina Jaime Escrucería, quien trabajó en el Ministerio del Interior en el desarrollo del decreto.

Hoy, estos territorios que ya son reconocidos como indígenas entran al esquema territorial de Colombia como lo que siempre fueron: gobiernos locales.

La firma del decreto es buena noticia porque, además, elimina un paso que ha demostrado ser un foco de corrupción de los recursos de los indígenas: las gobernaciones departamentales.

Como las áreas no municipalizadas no tienen un gobierno local, es decir, no son municipios ni entidades territoriales indígenas reconocidas, los indígenas, el grueso de la población de estas áreas, deben ir a la Alcaldía municipal una vez al año con un plan presupuestal según sus necesidades, que el gobernador de turno debe aprobar. De acuerdo con lo que les asigna el SGP a los resguardos de las áreas no municipalizadas (que para este año, según el DNP, son $5.893’584.375) y el presupuesto que presenta cada quien, la Gobernación decide si les gira el dinero completo o compra lo que están pidiendo, y les gira una parte para pagar sueldos.

Esto se ha convertido en un problema, y el caso de la Asociación de Autoridades Tradicionales del río Pirá Paraná (Acaipi), en Vaupés (que está en un área no municipalizada de Yavaraté) es un buen ejemplo. En 2016 presentaron a la Alcaldía de Mitú (Vaupés), el gobierno local reconocido, un presupuesto para arreglar la escuela y construir un puesto de salud. En el documento cotizaron tejas de zinc de $18.000, una libra de puntillas de $2.000, un motor Yamaha de 15 caballos de fuerza para recorrer el río Pirá Paraná de $7 millones, entre otros elementos. Ese año, la Alcaldía de Mitú les devolvió una relación de gastos en donde la teja costó $80.000, las puntillas $14.000, y el motor $19 millones. Les entregaron las cosas, sí, pero el resto de la plata está embolatada.

Esto es una vergüenza, sobre todo si tenemos en cuenta que Acaipi agrupa a los sabedores indígenas que guardan el “Hee Yaia Keti Oka”, el conocimiento tradicional de los jaguares del Yuruparí, un sistema de conocimientos sagrados que les fue dado para cuidar el territorio y la vida. No es paja, está reconocido por la Unesco desde 2003 en su lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El decreto, aunque sea transitorio, resuelve estos problemas, pues los recursos llegarán directamente a manos indígenas, que, con ayuda técnica del Gobierno Nacional, los administrarán y lo invertirán en sus territorios. Al fin y al cabo, los $3.886 millones que se van para Amazonas, los $1.637 millones de Guainía y los $370 millones de Vaupés que hacen parte del SGP son para los indígenas. Y ahora son ellos quienes manejan su plata.

Pero e, aunque lo parezca en papel, esta firma no es como tocar el cielo con las manos. El fantasma de la corrupción se cierne sobre todos los recursos públicos, y eEl Gobierno Nacional fijó ciertas condiciones para que la plata no les desborde las manos a unos pocos. Si bien reconocen que “los usos y costumbres de los pueblos indígenas han dispuesto formas particulares de administraciónde sus resguardos”, los recursos sólo serán ejecutados a través de proyectos de inversión que realicen las comunidades a través de lo que se conoce como un “plan de vida”.

Fabio Valencia, un indígena macuna y representante legal de Acaipi (que reúne a 2.000 indígenas de siete pueblos distintos), señala que “el plan de vida está reconocido por nosotros como la ley de origen. Los creadores entregaron a cada pueblo un territorio ancestral propio, y los conocimientos para conservar sus culturas con programas de educación y salud.Esto ya existe. Es ponerlo en otras palabras”.

Como efecto colateral, este decreto transitorio va a permitir que el país conozca cuántos indígenas hay en estas áreas no municipalizadas y a qué pueblos pertenecen, porque le exige al DANE censar hasta la última maloca para ajustar la cantidad de plata que llegará a cada territorio. El censo de 2005 contó 58.271 personas. “Este dato podría estar subestimado debido a que la omisión censal en estos territorios estuvo entre el 50 y el 100 % debido a que son áreas rurales dispersas y a problemas de orden públicoen el año del censo”, dice el DANE.

Mateo Estrada, coordinador de Territorio y Medio Ambiente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, calcula que el desfase del censo puede ser de 28.000 personas no contadas o más. “Pero el decreto puede ser un arma de doble filo si no hacemos una ruta administrativa clara y si no se calculan los costos de las operaciones ahora que no hay intermediarios”, reconoce. El decreto intenta blindar el dinero contra la corrupción: los representantes legales de cada ATI serán sujetos de control fiscal como cualquier otro colombiano, y cada ATI debe demostrar cómo ha ejecutado mínimo el 60 % de sus recursos en los últimos tres años y qué convenios tiene con entidades públicas o privadas. Queda pendiente que el DNP haga un decreto paralelo con los pasos de lo que llamaron “la descentralización de los recursos del Sistema General de Participaciones”.

“Una cosa es que no exista gobierno y otra es que no se lo reconozca. Una cosa es que haya territorio indígena y otra cosa es que se reconozca el gobierno indígena. Esto no es tierra de nadie, y el decreto por fin reconoce eso”, dice Von Hildebrand.

El reconocimiento del gobierno indígena en prácticamente un cuarto del país empieza hoy, esta vez con otro presidente, declarando que reconoce la autonomía de los grupos indígenas de la Amazonia colombiana para hacer de su casa lo que necesiten que sea, según su cosmovisión y costumbres, y de paso, su capacidad para conservar la Amazonia , que es lo que el resto del planeta necesita.

Firma del Decreto de Áreas No Municipalizadas- Julio Cesar Lopez, Coordinador de General OPIAC

  • Fuente:  Infoamazonia es una alianza periodística entre Amazon Conservation Team, Dejusticia y El Espectador.
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