Antecedentes hacia la Política Pública de protección a pueblos en aislamiento voluntario

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‘Esta iniciativa está orientada a salvaguardar los derechos fundamentales de estos pueblos’, anuncia el presidente de OPIAC, Henry Cabria, al iniciar el proceso de acompañamiento a la consulta previa a esta Política; en esta nota damos a conocer los antecedentes que conllevaron a la misma.

La semana pasada la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, dio inicio al proceso de acompañamiento de la construcción colectiva, socialización y consulta previa de la Política Pública de protección integral de grupos o pueblos indígenas en estado de aislamiento voluntario en Colombia, según definición del Estado, y desde la concepción amazónica pueblos que cumplen un rol desde su estado o medio natural de vida. En palabras del presidente Henry Cabria Medina, “esta es una iniciativa orientada al interés de salvaguardar los derechos fundamentales de estos pueblos que no han tenido contacto con la “civilización” (sociedad mayoritaria); el propósito es que el Estado desde sus obligaciones constitucionales asuma una posición política para preservar y respetar los derechos de estos pueblos, la OPIAC centra su trabajo para fortalecer esa capacidad política de dialogar, exigir y elaborar derroteros de respetar estos pueblos”. 

Cabe destacar que la OPIAC en sus 19 años de proceso organizativo, entre una de sus proyecciones,  ha incidido para que el gobierno expida y promueva mecanismos que permitan a los pueblos ejercer de manera efectiva la diversidad cultural contenida en el marco fundante y normativo de nuestro país, creado también en el pluralismo jurídico. En este marco encamina acciones a exigir la garantía para que las comunidades indígenas participen activamente en la toma de decisiones y el derecho fundamental que les asiste a ser consultadas sobre cualquier intervención en su territorio (Artículos 7, 246 y 330 Constitución Política, Convenio 169 OIT y Jurisprudencia de la Corte Constitucional).

En este sentido, plantear una ruta para construir una política pública al respecto requiere e implica, por un lado hacer un ejercicio de acercamiento a la memoria histórica y reciente de los pueblos de la Amazonía como insumo vital que contendrá el documento de política (1) y; por otra parte revisar los insumos adelantados en desarrollo de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, para protección a pueblos en aislamiento voluntario (2), orientada a prever las acciones a emprender y los mecanismos para corregir o replantear cualquier iniciativa que ponga en riesgo estos pueblos.

Dichos insumos están contenidos en los 96 acuerdos pactados en 2011 en la Mesa Permanente de Concertación, MPC, para el PND 2010-2014, en donde se establece que el Gobierno a través del Ministerio de Interior, concertará con las organizaciones indígenas una política pública integral que desarrolle un protocolo de atención y protección de derechos de los pueblos indígenas que garantice y respete la decisión de permanecer en aislamiento voluntario. El mismo año fueron aprobadas las leyes que amparan las víctimas del conflicto: Ley 1448 y Decreto Ley especial 4633, que también contemplan previsiones especiales para la protección cultural y territorial de pueblos indígenas en “aislamiento voluntario” (artículos 17, 71 y 193 -Decreto Ley 4633).

Este marco jurídico hace que el actual PND contemple la necesidad expresa de no intervención en la cultura ni en los territorios de estos pueblos y, que en desarrollo de la primera semana de trabajo del proceso de acompañamiento a la Consulta previa para formular la política, han ratificado varios abuelos y líderes de la Amazonía, quienes indican que además de no intervención, ni investigación al respecto se debe garantizar el derecho fundamental que les asiste como pueblos al ejercicio de su autodeterminación a permanecer o no en su estado natural de vida en la selva.

Otro antecedente institucional importante en Colombia es la creación- en 2002- del parque Nacional Natural Puré (3), como medida de protección de los pueblos indígenas (Yuri) en estado de aislamiento, orientándose a salvaguardar su cultura y formas tradicionales de vida. En este sentido el Ministerio del Interior -a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías-, ha realizado algunas reuniones con comunidades aledañas al parque Puré, donde habitan los Yuri y otros pueblos, para sensibilizar a la población circundante de la importancia de proteger estos pueblos.

También se considera como antecedente el análisis que han realizado algunos expertos respecto de las formas cómo se dio en Colombia el contacto e intervención con los Nukak Maku en Guaviare y, frente a lo cual el gobierno no ha dado una respuesta ni solución integral; o bien lo que podría sucederle al pueblo Mapayerry en el Parque Natural Tuparro, solo por mencionar dos casos.

Por últimos destacamos el trabajo de la OPIAC con la Cancillería colombiana, en el año 2000, de promover y realizar dos encuentros con organizaciones de Brasil en zona de frontera para analizar cómo debe implementarse una política pública para estos pueblos. Por ello la OPIAC considera que es importante avanzar en un análisis cultural con diferentes pueblos de la Amazonía cercanos a las zonas identificadas de hábitat de estos pueblos para generar elementos adecuados en la formulación de esta política pública. Esperamos, así, que estas reflexiones sumadas a los insumos aportados por el Gobierno, permitan consolidar la propuesta a socializar en el proceso de Consulta Previa. 

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1. Ver nota en nuestra web: http://opiac.org.co/index.php/noticias/nacionales/294-rios-que-hacen-memoria-en-el-tiempo 

2. Entendidos como pueblos soberanamente adaptados a sus ecosistemas y a su hábitat, existiendo una indivisible interdependencia entre medio ambiente y su supervivencia física y cultural; ellos cuentan con conocimiento especializado de su medio que les permite vivir de manera autosuficiente; la protección territorial se torna de vital importancia para garantizar sus derechos… (Documento OTCA 2013).

3. Resolución 0764 de 2002, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

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